Un nuevo aniversario

Hace 28 años, el 15 de octubre de 1979, un grupo de militares jóvenes materializó el último golpe de Estado que registra nuestra historia, ello implicó el inicio del fin del control militar del aparato del poder público, y aunque existía con efervecencia el caldo de cultivo del conflicto armado interno que vivió El Salvador, también sentó las bases para el cambio de cultura política, hacia una más volcada en el constitucionalismo, que sólo hasta el final del conflicto y con la firma de los Acuerdos de Paz comenzó a echar raíces. Es deseable que también ya haya comenzado a echar frutos y flores.

El Golpe de Estado se dirigió contra la figura del General Carlos Humberto Romero, último Presidente que provenía de las estructuras militares salvadoreñas, y su gobierno. Su propuesta política, denominada Bienestar para Todos, era un cuidado paliativo para la muy dramática situación social y económica de la mayoría de la población, con poca o nula capacidad de implementación, tomando en cuenta la radicalidad desnuda de la oligarquía salvadoreña de ese momento, todavía representativa de las muy sonadas "14 familias". El poder político de la época carecía de los espacios necesarios para ejercer su mandato constitucional de manera autónoma: cualquier iniciativa gubernamental, especialmente de índole social o económica, que no contara con la venia de los 14 jefes de aquellas familias estaba condenada a fracasar.

Luego de revisar algunos documentos, creo que el General Romero tenía, al menos, intenciones de hacer algo diferente. No puedo interpretar de otra manera uno de los actos de política exterior que realizó, en el día 75 de su mandato; me refiero a las instrucciones que giró y que materializó el entonces Representante Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos (Francisco Bertrand Galindo, padre), en el sentido de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar El Salvador "a fin de que preste su valiosa contribución a la promoción de los Derechos Humanos", como rezaba la nota de aquel venerable 14 de septiembre de 1977. Pero los pocos márgenes de maniobra con los que contaba el General Romero no le permitieron hacer un desempeño que estuviera a la altura de las circunstancias cuando aquella visita se realizó. Ante la pregunta formulada por la CIDH de si el ahora fallecido Ingeniero Napoleón Duarte -entonces exiliado- podría volver a El Salvador, su respuesta fue categóricamente negativa; y al ser cuestionado sobre la operatividad del grupo ORDEN, su respuesta no fue otra que reconocerse como el padre putativo de la criatura.

Es ahí donde tienen sentido dos frases que se encuentran en la Proclama de la Fuerza Armada; ese valiosísimo documento caracterizó al gobierno que derrocaba como violador de los derechos humanos del conglomerado, y como un profundo desprestigiador del país y de la institución armada. El Gobierno había convertido a las Fuerzas Armadas (y a los cuerpos de seguridad, que le estaban funcionalmente ligados) en entes de represión. Ante la imposibilidad de introducir cambios que impactaran en la etiología de los problemas socioeconómicos de millones de salvadoreños y salvadoreñas, el único rol que le quedaba era el uso de las armas. Es lamentable reconocer que los gobiernos inmediatamente siguientes al Golpe de Estado no fueron capaces de contener lo que estaba ya sucediendo. La represión hacia la sociedad civil, hacia las dirigencias sindicales y campesinas, hacia el liderazgo político disidente, hacia algunos intelectuales y académicos, hacia algunos sectores y dirigentes de la Iglesia Católica, y en general hacia todo lo que tuviera la virtualidad o la sospecha de no ser fiel obediente del status quo era un objetivo militar o un objetivo de la represión. La doctrina "quitarle el agua al pez" llevó al paroxismo más agudo y a la violencia más dantesca. Las violaciones a los derechos humanos (civiles, políticos, económios, sociales y culturales) y la impunidad eran las dos caras de la misma moneda.

Lo anterior, no obstante, no deslegitima algunos de los puntos contenidos en la Proclama y que siguen teniendo una especial vigencia. El grupo de militares jóvenes impulsó un Programa de Emergencia que incluía medidas especialmente vinculadas con el ejercicio de los derechos civiles y políticos, especialmente relacionadas con el pasado inmediato a aquella época en el que la oposición había sido ejecutada, desaparecida, torturada o enviada a las cárceles o al exilio. Pero tampoco puedo pasar por alto que la Proclama contenía una estratégica referencia directa al derecho la vivienda, alimentación, educación y salud de todos los habitantes del país. Me produce una satisfactoria sensación advertir que la base conceptual en materia de derechos humanos que subyacía en los líderes del Golpe de Estado era absolutamente correcta. Los derechos humanos son un conjunto integral de contenidos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que en algunas ocasiones, por la apremiante violencia represiva antidemocrática que se vive en un país, tienden a ser conceptualizados de una manera muy estrecha para dar especial relevancia a ciertas prohibiciones, como la del genocidio y de la tortura; y en otras ocasiones, por abierta ignorancia o pervertida maldad, son artificialmente reducidos a conceptualzaciones de mínimo contenido.

Debo indicar que la visita que realizó la CIDH culminó con un destacable informe que, por supuesto y como era de esperarse, puso un énfasis en la situación de varios derechos civiles y políticos, precisamente por la sistemática violación que enfrentaban, la que además encarnaban una cantidad muy abultada de personas, incluyendo dentro de ellas a varias figuras públicas del pasado reciente y/o de la actualidad, que para aquel entonces habían enfrentado privaciones arbitrarias de libertad, torturas, amenazas, coacciones o exilios. Pero ese informe igualmente realizó un giro copernicano en la concepción de los derechos humanos que preponderaba durante la guerra fría. Justamente en él se puede advertir la estrecha vinculación que hay entre los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos, que juntos forman un indisoluble núcleo holístico de salvaguardas de la dignidad humana.

La Proclama dio paso a la actual Constitución, aunque el contexto del conflicto armado interno no dejó de teñirla de un sentido belicoso y conservador para la funcionalidad de aquel momento. Terminado el conflicto armado interno, los Acuerdos de Paz implicaron un proceso de reforma constitucional en algunos aspectos, principalmente devolviendo a las Fuerzas Armadas y a la seguridad pública sus razones de ser en un Estado Democrático, intentando modernizar los ámbitos electorales y de la justicia, y propiciando un escenario de resurgimiento de los derechos humanos como condición de legitimidad del poder público. Hasta cierto punto podría pensarse que los Acuerdos de Paz ofrecieron un justo adjornamiento a los propósitos establecidos en la Proclama. En realidad la orientación teleológica de la Proclama sigue siendo válida, aunque algunas de las medidas para lograr sus fines, en especial aquellas del ámbito económico, no necesariamente hayan sido siempre bien aceptadas ni implementadas. Por eso no se debe confundir el medio con el fin.

Hacer cesar la violencia y la corrupción, garantizar la vigencia de los derechos humanos, adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional incrementando, al mismo tiempo, en forma acelerada, el producto territorial bruto, y el encauzamiento positivo de las relaciones exteriores del país, que eran los cuatro lineamientos del Programa de Emergencia enunciados en la Proclama, tienen un valor de inmanencia que perdura en la historia, tienen un sentido asertivo que es transtemporal. La Proclama representa la consagración política de aquellos ideales, mientras que las reformas constitucionales realizadas en el contexto de los Acuerdos de Paz su consagración en el mundo normativo-constitucional. El paso siguiente consiste en trasladarlos de esa dimensión normativa al nivel de valores introyectados de la convivencia democrática, a convertirlos en una praxis de cotidianeidad, a consolidar una cultura constitucional.

La idea de establecer los propósitos antes mencionados como lineamientos del Programa de Emergencia no era más que una cuestión de coyuntura. En realidad esos lineamientos pueden perfectamente seguir siendo las bases de cualquier programa de gobierno en El Salvador actual, con las actualizaciones propias en algunas de sus medidas de implementación como exigencia de validación histórica. Eso sí, de un programa de gobierno que tenga una plena identidad con los fundamentos constitucionales de El Salvador, y que por lo tanto se base en el modelo antropocentrista que se planta como el frontispicio de la Constitución, según el cual el ser humano es el origen y el fin de la actividad del Estado, y éste no es más que un instrumento para la realización de los derechos humanos, creando las condiciones necesarias para su máximo ejercicio; una concepción de derechos humanos que, como la que tenían los militares golpistas de 1979, fuera holística, ampliamente reconocedora que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí.

Ahora que suenan nuevamente los rumores de la campaña electoral, y que se comienzan a preparar los equipos ténico-políticos en los principales partidos políticos en la elaboración de sus plataformas, programas y planes; ahora que se develan nuevos intereses y espectativas; ahora que el conflicto armado interno terminó; ahora es tiempo de lograr aquel noble paradigma que se ha encarnado en la Constitución, que no es fácil pero que es necesario. Ahora es el momento de poner una pica en Flandes, y conmemorar con efectivismo la actualidad del desiderata político trazado en 1979.